En los próximos 45 días se juega la suerte de Guillermo Lasso. Una vez que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea conozca formalmente el proceso de juicio político, es el lapso que tendrá el Ejecutivo para evitar o aceptar su destitución.
Para hoy 31 de marzo del 2023 está prevista la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la que se conocerá y resolverá el dictamen de admisibilidad de juicio político que remitió la Corte Constitucional (CC).
En la práctica es solo un trámite para dar paso a la Comisión que sustanciará el proceso que se debatirá y votará en el Pleno de la Asamblea.
Ahora hay tres escenarios posibles para el futuro de Guillermo Lasso: defenderse en el Legislativo y esperar que no alcancen los 92 votos; ser destituido y que el vicepresidente Alfredo Borrero asuma el cargo o decretar la disolución del Parlamento (muerte cruzada).
La defensa en la Asamblea
Hasta el momento, este es el escenario más probable. El mismo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo ayer que el Presidente se defenderá en el Legislativo.
Ministros y legisladores se reunieron ayer con Lasso. A su salida, Cucalón dijo que el Primer Mandatario se defenderá en lo jurídico, político y humano. Hay la “decisión firme de defenderse y acudir a la Asamblea para desvirtuar este proceso de juicio político”, dijo el ministro.
Mientras, el oficialismo empieza a moverse en la Asamblea. El jefe de bloque de Creo, Juan Fernando Flores, anunció el inicio de una “cruzada por la democracia”. Eso quiere decir que conversarán con las bancadas para evitar que existan los votos.
Dijo que no hay cómo adelantarse a los hechos. Esto porque ya ha ocurrido que, en el momento decisivo, la Asamblea no ha logrado conseguir los 92 votos que exige la Ley de la Función Legislativa.
Otros asambleístas como Mario Ruiz, de Pachakutik (PK), quien había anunciado que votará a favor de la destitución si la CC da paso a la solicitud, ayer dijo que analizará las pruebas que se presenten en la sustanciación.
Hay que recordar que la CC admitió el juicio por la acusación de peculado que hizo la Asamblea. Ese cargo tiene relación con un contrato de la empresa pública Flopec.
La destitución y transición
La Constitución establece que, en caso de destitución del Presidente, quien debe ocupar el cargo es el Vicepresidente. Hasta el momento, Alfredo Borrero no se ha pronunciado sobre este tema.
Si bien la Comisión de Fiscalización tiene que sustanciar el proceso, un elemento importante es que su informe no es vinculante para que el Pleno tome una decisión. Al final del día, si la oposición (correísmo y PSC) logran los votos, el Primer Mandatario sería censurado.
En caso de que la Asamblea logre su cometido, el futuro del plan que tenía Creo para dirigir el país podría mantenerse si Borrero no se aleja de Lasso.
Para la catedrática universitaria, Caroline Ávila, el problema está en que, hasta ahora, no está claro ¿cuál era el proyecto de Creo para el país? Sin embargo, llegado el caso de una destitución, Borrero tendrá al menos dos temas urgentes: seguridad, incluido ahí la situación actual por la penetración del narcotráfico y, después, la atención de lo social.
La nunca descartada muerte cruzada
Cucalón dijo ayer que la disolución de la Asamblea es un mecanismo contemplado en la Constitución. “El sentido de oportunidad y la conveniencia (para la muerte cruzada) solo las puede valorar el Primer Mandatario”.
De acuerdo con la experta en Derecho Constitucional, Pamela Aguirre, el Ejecutivo puede invocarla hasta el momento previo al anuncio de la votación de la Asamblea sobre la destitución.
En ese caso, el Primer Mandatario estaría en el poder por un plazo máximo de seis meses. Esto mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza el proceso para elegir a un nuevo presidente y asambleístas.
En ese periodo podría gobernar mediante decretos que deberán obtener el visto bueno de la Corte Constitucional que fue la encargada de dar luz verde para que lo enjuicien políticamente.
